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Colombia Silente

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Rafael Rodríguez-Jaraba

@RRJaraba
05/27/2017 08:35 AM

Algunos colombianos repudian lo que está sucediendo en Venezuela, pero no advierten lo que sucede en Colombia. En Venezuela, se suspende el Congreso, se restringen las garantías ciudadanas, se reprime la libertad de prensa, se expropia la propiedad privada, se desploma la economía y su Vicepresidente intimida a 30 millones de venezolanos con 120 mil fusiles que tiene el régimen para reprimir las protestas.

En Colombia, se desconoce y burla la voluntad mayoritaria del pueblo, se violenta la Constitución, se entroniza la impunidad, se premia el delito, aumenta la inseguridad y la violencia, la minería ilegal destroza la geografía nacional, los cultivos ilícitos crecen sin cesar, se malogra la estabilidad económica y fiscal, los impuestos aumentan en forma irracional y el Gobierno no enmienda ni renuncia a su espiral de gasto suntuario. Colombia avanza hacia un insondable precipicio y el Presidente dice, "el pesimismo es culpa de la prensa"; probablemente quiso decir, de la qué no se deja fletar. A su vez, el señor Iván Márquez propala, “Queremos ser como Venezuela… ¡porque el chavismo es un ejemplo a seguir!”

Si bien la paz es un bien inestimable anhelado por todos, su búsqueda no puede seguir violentando el orden económico y social. Pero la Corte Constitucional antes que preservar la integridad del ordenamiento legal, con sus decisiones políticas, lo pervierte. La guarda y custodia de la Carta no puede servir de pretexto para distorsionar e interpretar de manera extensiva su texto de acuerdo a la conveniencia del Gobierno. Ni la academia ni la comunidad jurídica han tenido valor y firmeza para rechazar las funciones legislativas y de constituyente primario que se viene arrogando la Corte Constitucional, quebrantando el principio de separación de poderes y el tenor mismo de la Carta confiada a su guarda.

Es abusivo que la Corte Constitucional le imponga agenda legislativa a un Congreso obsecuente al Gobierno, y que por esa vía le autorice a modificar el espíritu de la Constitución, desconociendo al constituyente primario y su decisión mayoritaria. La Corte Constitucional violenta el principio medular que prohíbe al intérprete de la ley, desconocer su tenor literal para adaptarle o darle su propia interpretación. Es claro, que la Corte burla los artículos 374 y 375 de la Constitución, al desconocer de manera flagrante su contenido. Es inconcebible que la nación, sus instituciones, autoridades y todos los órganos del Estado queden obligados a observar y cumplir un acuerdo negociado, entre un Gobierno cuestionado carente de apoyo popular y una banda criminal, que sigue sin cumplir lo pactado, y que antes por el contrario, no cesa de dar muestras de soberbia y arrogancia. Pero lo grave, es que el acuerdo negociado haya sido mayoritariamente rechazado por la nación y su decisión ignorada.

Si la Constitución Nacional no interpreta el querer de los colombianos, se debe reformar, pero entretanto, es inaceptable qué a quién se le confía su vigencia y guarda, atente contra su integridad. El Gobierno entregó sin reparo alguno el Mar de San Andrés, vendió Isagén y comprometió la independencia energética del país; está llevando a la nación a una profunda crisis económica y fiscal, tolerando el aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, y entregando gran parte del territorio a las Farc. Y Colombia sigue silente y silenciada.

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